Cada cierto tiempo, la discusión sobre la responsabilidad que le cabe al Ministerio Público en la filtración de antecedentes contenidos en carpetas investigativas recobra vigencia. Durante las últimas semanas este debate volvió a instalarse a propósito de la divulgación de conversaciones de la diputada Karol Cariola, a las que tuvo acceso la Fiscalía con motivo de la investigación por presunto tráfico de influencias seguida en su contra.
Si bien es una práctica preocupante, parece haberse convertido en una suerte de costo hundido cuando se trata de investigaciones de alta connotación pública. Por ejemplo, la Fiscalía Nacional anunció sanciones a los funcionarios que ingresaron indebidamente a revisar la carpeta de la investigación por presunta violación seguida en contra del ex subsecretario Manuel Monsalve.
El problema radica en que el crimen organizado no ventila por la prensa las filtraciones de los antecedentes de las investigaciones que lo involucran. Al contrario, las maneja con completo hermetismo y las emplea estratégicamente para burlar la aplicación de la justicia. Si las filtraciones a la prensa se han transformado en una práctica habitual, ¿qué garantía tenemos de que no se dan respecto del crimen organizado?
Es una pregunta incómoda, pero que no por ello deja de ser oportuna en un escenario marcado por la crisis existente en materia de seguridad, donde resulta imperativo que nuestras instituciones sean capaces de adaptarse a los desafíos que representa el crimen organizado. De lo contrario, enfrentamos el riesgo de terminar con un sistema cooptado por estas mafias, como indican las experiencias de Colombia y México.
En este contexto, resulta fundamental implementar medida para resguardar la integridad de los antecedentes contenidos en las carpetas investigativas, elevando los estándares de hermetismo y confidencialidad que se le exigen a los intervinientes para prevenir futuras filtraciones, pero también perfeccionando las herramientas con las que cuenta el Ministerio Publico para investigar y sancionar estos delitos.
Una propuesta interesante en este sentido sería la creación de una Oficina de Asuntos Internos en el Ministerio Público, una idea que fue promovida por la Comisión Experta en su minuto. Una entidad de estas características, que reemplace la actual Unidad Anticorrupción, permitiría recoger la experiencia comparada de países que han lidiado con desafíos similares, pero también serviría para desarrollar una discusión de fondo respecto de las herramientas que necesita la Fiscalía para contrarrestar la influencia del crimen organizado e investigar delitos como las filtraciones.
