Espejismo en convivencia escolar

En la discusión sobre la convivencia escolar, el proyecto de ley que actualmente se tramita en el Senado pretende abordar los conflictos dentro de los colegios con una visión profundamente errada al proponer que las soluciones vayan por un énfasis desmedido en la participación y en nuevas estructuras burocráticas que solo sobrecargan a las escuelas sin ofrecer soluciones efectivas. En otras palabras, el proyecto opta por más de lo mismo.

En efecto, el ministro Cataldo, sin pudor alguno, señaló en la comisión de Educación del Senado la semana pasada, que los colegios con mayor participación tienen menor cantidad de denuncias, aludiendo a que los colegios públicos estarían en mejor posición que los particulares y particulares subvencionados, pues estos tienen mayor cantidad de denuncias por convivencia. O sea, el modelo a seguir en convivencia es el de los colegios públicos.

Aún cuando existen ejemplos muy rescatables en la materia, el ministro no sólo parece desconocer que la regulación de la participación es la misma tanto para colegios públicos como para particulares subvencionados, sino que también los colegios particulares subvencionados son los más elegidos por las familias. Algo no calza en usar la cantidad de denuncias como criterio de buena convivencia, si las familias tienen como principal preocupación la violencia escolar y a la vez los colegios que más eligen son los particulares subvencionados.

En cambio, la iniciativa ignora que la falta de disciplina y respeto en las aulas es un problema que requiere herramientas eficaces. Un conflicto entre pares puede tener una mejor solución si los profesores o asistentes de la educación están empoderados para mediar el conflicto. Para ello requieren el apoyo de tanto directivos como padres, y no la amenaza constante de una Superintendencia que insta a los padres a denunciar en lugar de involucrarse activamente en los proyectos educativos para favorecer un mejor clima escolar. Sin embargo, el refuerzo de la autoridad de los docentes y el involucramiento de las familias brillan por su ausencia, y la Superintendencia de Educación y su enfoque punitivo salen fortalecidos.

Al respecto es importante recalcar que no debemos caer en caricaturas sobre un retorno al pasado en cuanto a las relaciones entre adultos y niños de forma vertical y jerarquizada, pues ello impide tener una conversación honesta y hacerse cargo del problema: actualmente los profesores deben ganarse el respeto en lugar de tenerlo por la posición que representan.

Una visión interesante es la “nueva autoridad” que plantea Haim Omer, donde propone una autoridad basada en la presencia, la persistencia y la resistencia no violenta, en la que tanto docentes como padres deben actuar de manera firme y coordinada para establecer límites claros y restaurar el respeto en las aulas. Este modelo enfatiza la importancia del apoyo comunitario y la vigilancia activa en lugar de la imposición punitiva, pero no permite caer en la permisividad.

Es hora de replantear este proyecto de ley. Necesitamos medidas concretas que devuelvan la autoridad a los docentes, involucren de manera efectiva a los padres y establezcan normas claras para restaurar el orden en las aulas. Solo así podremos hablar de una verdadera convivencia escolar y no de un espejismo sin sustento.